Director de tesis. Alarcón Caracuel, Manuel Ramón

El Derecho de Objeción de conciencia. Caracterización general. Su aplicación específica a las prestaciones de Servicios Sanitarias.
La tesis que aquí se presenta está estructurada en cinco capítulos. El primer capítulo tiene por objeto la comprensión del concepto de objeción de conciencia, concepto de difícil aprehensión que necesita de un capítulo dedicado al alcance del mismo. El segundo capítulo está dedicado a la determinación de la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia, punto clave del resto del estudio, porque el tratamiento de la misma estará en función del resultado final que se alcance al respecto. El capítulo tercero está orientado a la presentación de los sujetos implicados y de los contextos en los que va a tener presencia, principalmente, la objeción de conciencia sanitaria: el contexto puramente privado (una prestación de servicios laboral) y el contexto público (en el marco de una institución sanitaria pública), lo que será preciso en orden a determinar si el ejercicio de la objeción tiene lugar en ambos contextos o existe dificultad o imposibilidad para su ejercicio en alguno de ellos. El cuarto capítulo irá dirigido al análisis de concretos supuestos de objeción de conciencia en el campo de las prestaciones sanitarias. Por último, el capítulo quinto tendrá por objeto el análisis de las consecuencias que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte del trabajador puede tener en el desarrollo de su relación laboral.   En relación con el primer capítulo, ya se ha dicho que estará dedicado a la comprensión global del concepto de objeción de conciencia. La multiplicidad de manifestaciones de la objeción de conciencia junto con la presencia de otras formas de desobediencia, y en concreto, de la desobediencia civil como forma de desobediencia por excelencia, hacen que la captación de dicho concepto no sea nada fácil, máxime teniendo en cuenta que ha habido autores que han pretendido englobar las diversas formas de desobediencia bajo la rúbrica de la desobediencia civil en sentido amplio. Sin embargo, lo cierto es que entre objeción de conciencia y desobediencia civil existen diferencias; por ello, la doctrina iusfilosófica en general ha optado por definir a la objeción de conciencia por contraposición a los caracteres definitorios de la desobediencia civil. A través de dicha contraposición se llegará al concepto de objeción de conciencia, que podemos llamar tradicional, ya que se ha reclamado por algunos filósofos del derecho un giro en dicho concepto, que vendría dado por la fundamentación del mismo, no tanto en una visión religiosa, cuanto ideológica de aquél. En este sentido, la aconfesionalidad de los Estados modernos ha conllevado una laicización general de la sociedad en su conjunto, que no utiliza tanto argumentos de tipo religioso, sino más bien éticos o ideológicos, a la hora de negarse a la realización de una determinada obligación que le incumbe. Por último, para cerrar el capítulo, será preciso hacer una escueta referencia a la objeción de conciencia laboral, donde anticiparemos mínimamente qué será lo que se pretenda en el resto del estudio y cuáles serán las claves del mismo.   El segundo capítulo estará dedicado al análisis de la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia. Ha sido tradicional en el estudio de dicha naturaleza la diversidad de alternativas en torno a qué es, en esencia, la objeción de conciencia. En relación con ello, puede plantearse que la objeción de conciencia es una causa de exención de un deber u obligación, que es un motivo de exclusión de la responsabilidad en caso de incumplimiento, un instrumento de tutela de un derecho o un derecho subjetivo. Incluso hay quien ha apostado por la naturaleza de derecho fundamental que tiene dicha institución. Todo ello será objeto de análisis y discusión en este capítulo segundo, que, como digo, es esencial para el resto de la investigación, porque el tratamiento de la misma depende, fundamentalmente, de la consideración que se otorgue a dicha naturaleza jurídica.   El capítulo tercero sirve de toma de contacto con la parte propiamente laboral de este estudio. En efecto, aun siendo una investigación interdisciplinar, el objeto último de la misma pertenece al ámbito laboral. Por ello, este es el momento de presentar los sujetos y los contextos en los que se desarrollará la investigación sobre la objeción de conciencia en el ámbito de una prestación de servicios. Dichas prestaciones podrán tener lugar en una relación puramente privada, es decir, en un contexto propiamente laboral, o en un contexto público, esto es, en instituciones sanitarias sufragadas con fondos públicos. Pues bien, el objeto de este capítulo estará dirigido al análisis del comportamiento objetor en cada uno de ellos. En la relación puramente privada, la aplicación de los derechos laborales de trabajador y empresario derivados del Estatuto de los Trabajadores determinará cuál de ellos prevalecerá. En este sentido, habrá que poner en conexión el poder de dirección de éste con sus límites, entre los que se encuentran los derechos fundamentales del trabajador y la regularidad de las órdenes de aquél. Pero si, por el contrario, nos referimos a las prestaciones de servicios que tienen lugar en los centros públicos, hay que tener en cuenta que la relación que se establece entre empresario (Administración sanitaria) y empleado es una relación de sujeción especial, con lo que ello supone en principio de recorte de derechos.   El capítulo cuarto va a centrarse en el análisis de algunos posibles supuestos de objeción de conciencia en el campo de las prestaciones de servicios sanitarios. En el mismo se tratarán cuestiones ya estudiadas por la jurisprudencia de nuestro país, como el aborto, las transfusiones de sangre o la esterilización, junto a otros concretos supuestos novedosos, derivados del gran avance de la ciencia en los últimos tiempos. En este sentido, hay que mencionar la clonación, la manipulación genética o la cirugía transexual, por citar algunos. Respecto de ellos, hay que decir que, si bien han podido estudiarse como fenómenos nuevos, cuyo carácter ético se ha puesto en duda, falta un estudio incardinado en el ámbito laboral relativo a la posibilidad que tiene el trabajador de negarse a la realización de los mismos porque su realización afecta a la conciencia del propio trabajador. Este será el fin último de este capítulo, cuya novedad es evidente, porque la carrera de la ciencia en estos aspectos no ha hecho sino comenzar.   Por último, en el capítulo quinto habrá que considerar las consecuencias laborales que el ejercicio de la objeción de conciencia puede suponer en una relación laboral. Es decir, si tenemos en cuenta que la objeción de conciencia se traduce en la negativa del sujeto prestador de servicios a la realización de alguno de esos servicios, la contraprestación que el empresario espera de él queda en parte defraudada. Ello puede tener su repercusión en cuanto a alguno de los elementos que componen el objeto de la  prestación. Deberemos analizar, pues, si el empresario, ante dicha negativa por parte del trabajador, puede proceder al traslado de aquél a otro servicio, a la minoración del salario, al despido del trabajador o a la variación del día de descanso semanal, sólo por citar algunos casos. De la misma forma, habrá que considerar la posible repercusión que el ejercicio de la objeción de conciencia pueda tener en otros derechos del trabajador, tales como la formación o la promoción profesional, así como las consecuencias derivadas del ejercicio de la objeción de conciencia en el acceso al empleo.   Tras todo ello, se han incluido las conclusiones que han podido extraerse del estudio realizado, así como los apéndices bibliográficos y jurisprudenciales utilizados para su elaboración, además de un glosario de términos científicos, en orden a la mejor comprensión del capítulo cuarto, fundamentalmente.
La obligación económica de cotizar al Sistema de Seguridad Social.
Cuando el art. 1º de la Constitución (CE) establece que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, no sólo formula una receta más o menos flexible sobre la que desarrollar determinados principios inspiradores del Ordenamiento, sino que obliga a que ese enunciado se dote de un contenido preciso que permita garantizar la consecución de unos objetivos / principios que están estrechamente conectados entre sí: Estado Social y de Derecho. Resulta esencial en esa tarea el desarrollo de un Sistema de Protección Social, que sea la fórmula más efectiva y avanzada en la consecución de los objetivos sociales que marca el texto constitucional. Presupuesta la necesidad de un Sistema de Protección Social como uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, hay que decir que la construcción de aquel no es un fenómeno de generación espontánea, sino el resultado de conjuntar factores políticos, económicos e históricos que, articulados a partir de fórmulas previas de protección de los riesgos sociales, se han enriquecido con la incorporación de nuevos mecanismos financieros y de gestión para atender a una mayor amplitud de sujetos y prestaciones, funcionando dichas incorporaciones como elementos correctores a las disfuncionalidades del sistema de producción capitalista, amén de elemento de cohesión social.   Es ahí, como parte fundamental del conjunto de técnicas de protección social, dónde hay que considerar la funcionalidad del sistema de Seguridad Social, cuya capacidad de respuesta se ve condicionada por los mecanismos de gestión y financiación que prevé el  legislador y que se convierten de esa forma en la base para el desarrollo y efectividad del sistema; sistema sobre el que se construye “...el conjunto de medidas protectoras suficientes que cubran las concretas situaciones de necesidad a las que puedan verse abocados los ciudadanos. A la vista de lo anterior, parece justificada la importancia de las fuentes financieras de la Seguridad Social y su delimitación; y procede, este trabajo. No obstante, advertimos previamente que no pretendemos abordar el sistema de protección social en términos amplios – teniendo en cuenta que el término Protección Social no es equivalente al de Seguridad Social y sin perjuicio de que se pudiese entrar en una mayor separación conceptual-. Esto es, pretendemos centrarnos específicamente en el sistema de Seguridad Social y, en concreto, en cómo éste se ve mediatizado por un sistema económico donde la obligación de cotizar aparece no sólo como núcleo central de financiación, sino que también es el punto de partida para el acceso a determinadas prestaciones y un elemento principal en la política de empleo.
Protección Social, Seguridad Social y Asistencia Social. (España y la Unión Europea).
Análisis de los conceptos de protección social, seguridad social y asistencia social a nivel de derecho interno y de Derecho Comunitario. Se estudian las relaciones entre Sistema de Seguridad Social estatal y asistencia social autonómica, defendiéndose tanto la función complementaria como suplementaria de dicha asistencia social realizada por las Comunidades Autónomas. Se sostiene, en este sentido, una tesis política o de consenso, posible sustrato de la STC 239/02, de 11 de diciembre de 2002, que resuelve el conflicto positivo de competencia entre el Estado y la Junta de Andalucía respecto de las ayudas suplementarias de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social. En el nivel del Derecho Comunitario, se estudian los conceptos de prestación de seguridad social (contributiva y no contributiva), prestación especial no contributiva, prestación de asistencia social y ventaja social; todo ello sobre la base de los Reglamentos comunitarios 1408/71, de 14 de junio, y 1612/68, de 15 de octubre.